El proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, presentado al Gobierno chileno el 2008 por la transnacional norteamericana AES-Gener (hoy Aes-Andes) y en proceso de construcción desde 2014, se ha enfrentado desde sus inicios con una fuerte oposición ciudadana, pues pone en riesgo la cuenca del Maipo, la fuente de agua más importante para la Región Metropolitana. A esto, se han sumado con el tiempo problemas técnicos y financieros.
Por Cristian Valderrama
Una serie de denuncias por incumplimientos e irregularidades ambientales y un proceso sancionatorio tardío por parte de la autoridad gubernamental, es parte del resumen de años de resistencia a un proyecto hidroeléctrico que -según coinciden vecinos, agrupaciones y representantes políticos- pone en riesgo el ecosistema del Cajón del Maipo, así como el abastecimiento de agua para la Región Metropolitana.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) abrió el primer proceso sancionatorio contra Alto Maipo el 30 de enero de 2017, luego de tres años de denuncias de la comunidad sobre incumplimientos y graves irregularidades a sus compromisos ambientales establecidos en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Este proceso se inició una vez que Antofagasta Minerals, brazo minero del Grupo Luksic, saliera del proyecto tras llegar a acuerdo con AES-Gener.
El caso más reciente de incumplimientos en esta materia, ha afectado a don Juan Silva, criancero del sector de Los Maitenes (predio fiscal Río Colorado), pues una jauría de perros ha atacado a parte de sus cabras, resultando en la muerte de muchas de ellas: los perros son alimentados y cuidados en una caseta por personal perteneciente a Strabag, empresa constructora a cargo del Proyecto Alto Maipo.
“Soy criado y nacido en Maitenes, y he sido criancero toda mi vida, algo que viene de familia”, señala don Juan, quien vive en dicha localidad junto a su pareja. “Los dos tenemos animalitos, yo me dedico a la producción de queso de cabra. De eso vivo, es mi sustento”, agrega.
Cuenta que la empresa llegó hace un tiempo y nunca había tenido problemas, lo que cambió en agosto de 2025, cuando el 25 de ese mes, perros atacaron a sus animales, situación que lamentablemente se repitió el 29 de agosto y el 10 de septiembre, con el saldo de más de 40 cabras que murieron en los ataques.
Don Juan comenta que ya había previsto que algo así podía ocurrir, advirtiendo previamente a Camila Astudillo, encargada de relaciones comunitarias de la empresa, sobre el peligro de los perros, “a los que seguí hasta el depósito donde estaban, en Strabag. Ellos me dijeron que iban a responder en un plazo de 15 días, pero desde entonces no ha pasado nada. En otras ocasiones tuve que salir a corretear los perros, con el riesgo que eso implica. Nunca se acercaron a conversar conmigo, ni ella ni sus jefes. Me hablaban solo por teléfono, pero no me ofrecían ninguna solución. Incluso llegó gente de Alto Maipo ahí un día y dijeron que los perros los iban a sacar… y no pasó nada. Ya parecía chiste. Hasta el momento todavía están los perros, a los cuales alimentan, y que son bien grandes y corpulentos”.
Lo que más teme don Juan es que sus animalitos corran peligro una vez más, con nuevos ataques. “Es un sufrimiento enorme verlos morir. Emocionalmente, es un daño muy grande que me hicieron, y claro, también en la parte económica, pues bajé mucho mi producción. Yo hacía 25 quesos, ahora estoy haciendo 16. Ya. Entonces, harto es lo que se perdió. Todo esto nos ha impactado mucho”, sostiene don Juan claramente afectado.
Ayuda legal
Pilar Valenzuela, coordinadora de la campaña Queremos Tupungato, supo del caso de don Juan Silva gracias a Adrián Tapia, quien trabaja muy de cerca con las comunidades. Le ofrecieron al criancero ayuda legal, con dos abogadas que son parte de la iniciativa, quienes han estado brindando apoyo técnico y legal al vecino de Los Maitenes, puesto que este caso, existen conflictos derivados de actividades de terceros que afectan el territorio y los medios de subsistencia de sus habitantes.
“Con el equipo de Queremos Tupungato estamos apoyando a don Juan, a quien contactamos en septiembre. Creemos que en su caso hay una disparidad de poder enorme entre la empresa y él. Como contamos con abogados en la campaña, ellas revisaron el caso para ver qué se podía hacer al respecto, y ver los pasos a seguir”, comenta Valenzuela.
Como ingeniera ambiental, Pilar ha podido revisar el proyecto Alto Maipo en varias oportunidades, y para ella, en este caso, se incumplen acuerdos que estaban establecidos en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), que instruye que en las instalaciones de Alto Maipo en el Cajón está prohibida la tenencia de animales domésticos, como perros, porque estos generan un gran impacto para la fauna silvestre, tanto para la labor de cabreros y ovejeros: en el caso de Juan Silva, una jauría de perros dio caza y muerte a sus cabras.
“Hay que señalar que los perros matan de forma muy cruel, dejando heridas horribles, es muy espeluznante. En uno de estos ataques, estaba don Juan presente, y pedía ayuda para poder pasar y no se lo permitieron… ¡existe una falta de criterio total! Cuando él contacta esto a la encargada de vínculo comunitario de la empresa, no se toma ninguna medida, y los perros continúan estando ahí. Esto a la empresa no le cuesta nada, es un mínimo de consideración. Además, estos animales no son fáciles de reponer, no es llegar y comprar 40 cabras más, porque los piños se van integrando paulatinamente a la manada. Y son cabras adaptadas al clima de montaña también”.
Denuncias y acciones en tribunales
Francisca Marañón y María Celeste Santibáñez son las abogadas que han llevado el caso de la matanza de animales de Juan Silva por parte de perros la empresa constructora Strabag, que presta servicios a AES-Andes, recopilando la información necesaria y tomando medidas a nivel judicial.
Santibáñez detalla a continuación lo recabado hasta el momento: “Lo primero que hizo don Juan fue contactarse directamente en con la empresa, AES-Andes, y en buen chileno, se tiraron la pelota entre uno y otros con Strabag. En términos jurídicos, es AES-Andes quien debe asumir responsabilidades, pues ellos tienen la resolución de calificación ambiental y deben cumplir con las condiciones que se acordaron. Se estampó primero una denuncia en Carabineros en la 65° Comisaría de Pirque, Subcomisaría de San José de Maipo, el 26 de septiembre de 2025, y luego avanzamos con la Superintendencia de Medio Ambiente, el 16 de diciembre de 2025”.
La denuncia ingresada en la Superintendencia de Medio Ambiente dio inicio al correspondiente proceso de investigación, la que quedó registrado en el siguiente documento, del cual presentamos algunos extractos:
“Hecho denunciado: el 28 de agosto de 2025, perros mantenidos en la faena de Strabag SPA, empresa mandataria de Alto Maipo SPA, salieron del perímetro y atacaron el rebaño caprino de Juan Silva en área fiscal del predio Río Colorado. Durante el incidente, el afectado fue impedido de ingresar por personal de seguridad, debiendo acceder por un paso no habilitado, lo que retrasó su auxilio. Pese a reclamos inmediatos y advertencias previas sobre la tenencia de perros en faena, no se implementaron medidas preventivas. El 10 de septiembre de 2025 ocurrió un segundo ataque atribuible a los mismos animales. Las pérdidas ascienden a 10 cabras muertas, 10 desaparecidas, 20 heridas y 50 chivos muertos, afectando gravemente la actividad productiva del denunciante y la temporada 2025-2026. las respuestas del titular negaron responsabilidad, sin adoptar medidas de mitigación, configurándose incumplimientos a punto 7.1.2.10; 7.2.2.8; 7.3.2.1. de la RCA”.
La abogada es realista y comenta que, lamentablemente “estos procesos son súper lentos, y puede pasar mucho tiempo para una respuesta. Estamos revisando si existen otras denuncias por estos mismos hechos en el Cajón. En nuestro caso, las pruebas son más que contundentes. La relación de fuerzas con lo que sucedió con don Juan es tremendamente asimétrica, y necesita soluciones lo más rápido posible”.
Más allá de los procesos judiciales y administrativos en curso, el caso de don Juan Silva vuelve a poner en evidencia una problemática que las comunidades del Cajón del Maipo vienen denunciando hace años: la falta de resguardo efectivo hacia quienes habitan y trabajan históricamente el territorio frente al avance de megaproyectos extractivos.
Mientras las investigaciones avanzan lentamente, el daño ya está hecho para un criancero que perdió parte importante de su sustento y de una tradición familiar ligada a la montaña. Para las organizaciones y vecinos, este nuevo episodio no solo refleja incumplimientos ambientales por parte de Alto Maipo y sus empresas asociadas, sino también la profunda desigualdad que enfrentan las comunidades cuando deben exigir respuestas y reparación frente a grandes compañías.
