Según el ejecutivo, la medida adoptada responde “a una visión centrada en el desarrollo económico”. En tanto, la decisión ha sido fuertemente cuestionada desde distintos sectores, que acusan un retroceso en la agenda medioambiental.
Por Cristián Valderrama
A fines del pasado año, se aprobó la creación de seis áreas protegidas en Atacama como parte de la Red de Salares Protegidos, iniciativa clave de la Estrategia Nacional del Litio para conservar ecosistemas altoandinos y proteger el 30% de estos humedales al 2030, que incluía diez salares y lagunas altoandinas que se agruparán en seis nuevas áreas protegidas, entre ellas, el Parque Nacional de las Lagunas Bravas, la Reserva de Región Virgen Lagunas Collas, Reserva Nacional Salar de Pedernales y Parque Nacional Salar de Gorbea, entre otras. Pasaron tan solo un par de meses, para que el nuevo gobierno del presidente José Antonio Kast, desde el Ministerio del Medio Ambiente, enviara un oficio a la Contraloría General de la República para retirar del trámite de toma de razón 43 decretos supremos del gobierno anterior.
¿Qué significa esta medida? En breve, que el organismo que dictó el decreto decide retirar ese acto de proceso de revisión de la Contraloría General de la República: esto implica que el decreto no queda vigente, se detiene el proceso de creación de área protegida, lo que posteriormente puede ser corregido, reingresado o abandonado definitivamente.
Dentro de los 43 decretos retirados por el ejecutivo, que aprobaban reglamentos, establecían normas, e incluso, creaban parques nacionales y reservas, se encuentra el que declaraba monumento natural de especie al pingüino de Humboldt; el que designaba a los integrantes del Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático 2026-2027; otro que establece normas de emisión para centrales termoeléctricas; uno que establece norma de emisión para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico; aprueba la gobernanza de la estrategia nacional de transición sociecológica justa, y el establecimiento de normas primarias de calidad del aire para plomo.
Destacan otros que tienen que ver con la flora y la fauna y la creación de varios parques nacionales. Están, por ejemplo, el que crea el Parque Nacional «Las Parinas», en Diego de Almagro y la creación del Parque Nacional «Mar de Juan Fernández», en Juan Fernández y el Parque Nacional «Nazca Desventuradas II», en Valparaíso. En este punto, también se vio afectado el proyecto que busca crear el primer Parque Nacional para la Región Metropolitana en el Cajón del Maipo, a través de la campaña “Queremos Tupungato”, del cual aún falta proteger cerca de 70 mil hectáreas.
Respuesta del Gobierno
En una declaración desde el Ministerio de Medio Ambiente, señalaron que la medida apunta a «asegurar que los instrumentos emanados desde el Ministerio del Medio Ambiente respondan a los estándares técnicos y normativos vigentes, hemos iniciado el proceso de revisión de los decretos aún en trámite ante la Contraloría General de la República. Esta es una práctica habitual al inicio de una nueva gestión, y es consistente con lo realizado en administraciones anteriores».
En tanto, el presidente Kast explicó que la medida responde a una visión centrada en el desarrollo económico: “el futuro se construye en base a seguridad y empleo”, afirmó, aludiendo a las críticas que apuntan a un desmantelamiento regulatorio.
En esa línea, precisó que el objetivo es ajustar la aplicación normativa dentro de los márgenes legales vigentes. “Vamos a cumplir la ley, pero hay oportunidades en que se va más allá de la ley y lo que está establecido en la ley o en el reglamento es interpretado por distintas autoridades a través de las facultadas administrativas”, detalló.
“Veremos como pasamos este trago amargo”
Para la campaña ciudadana Querernos Tupungato, que nace en abril de 2019 en busca de la protección oficial de 142.000 hectáreas fiscales ubicadas en el Cajón del Maipo, específicamente en los valles y montañas de Río Colorado y Río Olivares en la RM, la decisión del gobierno es un revés importante para su este objetivo.
Pilar Valenzuela, coordinadora de la iniciativa Queremos Tupungato, señala que la protección y futuro Parque para la región metropolitana, era un compromiso de la administración anterior, lo que no se cumplió.
“El presidente Gabriel Boric se había comprometido en la Cuenta Pública el año 2024 con este tema. Se había aprobado en el Comité de Ministros en mayo del 2025, y no entendemos por qué el gobierno no sacó los decretos a tiempo, en particular, lo de la creación del parque. Con la campaña ‘Queremos Tupungato’ veníamos trabajando desde que Boric era candidato, y apenas entraron las autoridades al Ministerio de Medioambiente y al Ministerio de Bienes Nacionales, nos reunimos con ellas el 2022. Por lo tanto, nuestro primer desazón es por qué esto no estaba listo mucho antes”, comenta Valenzuela.
En relación a las consecuencias que tendría la decisión del retiro del decreto para el trabajo territorial y la protección de las más 70 mil hectáreas aún pendientes, la coordinadora indica: “Está sin proteger toda la parte bajo los 3600 metros, que abarca toda el agua que abastece Santiago, quedando sin protección la biodiversidad y el acceso para el turismo. Asimismo, se ve amenazada todo el territorio explotado por la minería. Como campaña ‘Queremos Tupungato’, veremos cómo pasamos este trago amargo. Tendremos que volver a conversar con las autoridades entrantes para que retomen el decreto y continúen los trabajos, para poder sacarlo adelante finalmente”.
Para Juan Pablo Orrego, presidente de la ONG Ecosistemas, el retiro de los decretos ambientales es un retroceso y una embestida anti ambientalista, la que ha tomado fuerza en otros gobiernos del mundo, como nunca antes se había visto.
“Esta decisión denota una ignorancia supina, o sea, ¿cómo puede ser que esta gente no entienda de dónde viene el agua, el aire, los alimentos? o sea, ¿cómo no saben que todo ayuda a nuestra calidad de vida? La verdad, lo encuentro totalmente asombroso”, sostiene Orrego. “Es como que odiaran la naturaleza propiamente tal, y a sus defensores”, agrega.
El presidente de Ecosistemas admite que, lamentablemente, el gobierno anterior “pavimentó” el camino a esta embestida. “En Chile tenemos un problema grave, antiguo, de que su economía es 100% extractivista, basada en la extracción de recursos naturales, con la mega minería, la pesca industrial, todas están causando estragos. Y con el nuevo Gobierno, llegamos ya a un tope, con una mentalidad económica sobre el medioambiente. La verdad, es ya no entender nada con temas relacionados con la ecología”, puntualiza.
PD: Al momento de la publicación de este artículo, la Contraloría General de la República cursó el decreto que aprobaba el Plan de Conservación de la Ranita de Darwin, luego de que el Gobierno lo retirara y reingresara en el marco de la revisión de normas ambientales.
